bilbao. La plasmación social de las normativas legales no siempre supone de inmediato una normalidad en la sociedad. Esto sucede con algunas normativas de aspectos genéricos en especial cuando atañen a cuestiones donde entra la propia conciencia y moral. Es el caso de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Prácticamente nadie discute -aunque haya sectores que estén en contra- este derecho individual y colectivo en los supuestos que la ley establece. Pero veintidós años después de que la ley entrara en vigor, su ejercicio en el día a día no está a la altura de lo esperado.
Resulta llamativo que en algunos territorios como en Navarra no se pueda ejercer, cuestión que retomará desde esta semana el Parlamento foral. Y aún lo es más que sólo un 3% de las interrupciones realizadas en lugares normalizados como la CAV se realicen en la sanidad pública. Las causas y las razones pueden buscarse en la objeción de conciencia de algunos sanitarios, en la estructura del sistema, en ciertos lapsus de la intimidad de la paciente, en los plazos y pasos a recorrer… Sea como fuere el dato está ahí y es cuando menos llamativo. La ley existe, es clara, no es rechazada y sin embargo su materialización es exigua.
La legislación en vigor desde 1985 regula la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres supuestos: grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre, violación y malformación del feto. Los últimos datos del registro de la CAV de 2005 reflejan que 2.383 mujeres residentes en Euskadi se sometieron a un aborto. «Es una cifra muy inferior a la realidad ya que muchos abortos no se están registrados», reconoce José Luis Neyro, ginecólogo del Hospital de Cruces.
De las 2.715 intervenciones realizadas en 2005 en la CAV, 443 fueron a mujeres de otras comunidades limítrofes como Nafarroa (50,3%), Cantabria (35,2), La Rioja (7,5%) y Burgos (4,3%). En la mayor parte de los casos (92,7%), el motivo para someterse a un aborto fue la existencia de peligro para la salud física o psíquica de la embarazada, y en siete de cada diez casos se produjeron dentro de las ocho primeras semanas de gestación. Seguir leyendo Sólo el 3% de las mujeres que abortan en la CAV lo hacen en los hospitales públicos